Ha pasado un tiempo desde que los legisladores estadounidenses incluyeron una disposición que podría poner en peligro la industria de las criptomonedas en un proyecto de ley aparentemente no relacionado y cuya aprobación estaba prácticamente asegurada.
La versión preliminar de la Ley America COMPETES de 2022, que salió del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes esta semana, financia una letanía de medidas para mantener la superioridad económica de Estados Unidos sobre China. Se refiere a la mejora de las cadenas de suministro médico, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la promoción de la investigación STEM, entre otras muchas cuestiones.
También daría al Secretario del Tesoro el poder de cerrar las plataformas de intercambio de criptomonedas, según el grupo de expertos en criptomonedas Coin Center.
Tal y como describen el director ejecutivo Jerry Brito y el director de investigación Peter Van Valkenburgh, el proyecto de ley, tal y como está redactado, «faculta al secretario para prohibir cualquier (o incluso todas) las transacciones de criptomonedas en los intermediarios financieros sin ningún proceso, reglamentación o limitación de la duración de la prohibición».
Sin embargo, el proyecto de ley no sólo está dirigido a las criptomonedas. La disposición se aplica a todas las instituciones financieras reguladas en los EE.UU. y está diseñada para contrarrestar el lavado de dinero internacional.
Para ser claros, el Secretario del Tesoro, que es nombrado por el Presidente y confirmado por el Senado, ya tiene el poder de cerrar cualquier cuenta que considere sospechosa de lavado de dinero conectada a un individuo u organización fuera de los EE.UU. Pero hay advertencias. El público tiene que ser notificado y tener la oportunidad de hacer comentarios de antemano, y cualquier prohibición no puede durar más de 120 días.
El proyecto de ley propuesto eliminaría estos requisitos, al tiempo que permitiría al Secretario tomar una «medida especial» adicional para llevar a cabo la vigilancia financiera, permitiéndole definir la «transmisión de fondos» para que se ajuste a casi cualquier actividad relacionada con el posible blanqueo de capitales.
«Esta enmienda ofrece al Secretario un poder totalmente incontrolado para prohibir o condicionar en secreto cualquier transacción en cualquier institución financiera nacional», escriben Brito y Van Valkenburgh. «Es un enfoque peligrosamente autoritario para resolver los problemas de lavado de dinero».
Coin Center está especialmente preocupado por un posible efecto de congelación de las criptomonedas porque considera que las echanges son objetivos fáciles debido a su naturaleza global. Los usuarios proceden de todo el mundo; una transacción que comienza en Des Moines puede ser validada por un minero en Teherán.
Rohan Grey, un profesor asistente de la Universidad de Willamette que atrajo la ira de muchos defensores de las criptomonedas al redactar la Ley STABLE en 2020, dijo que comparte los recelos de Coin Center. «Hay una gran diferencia entre estar preocupado por el riesgo sistémico de la inestabilidad monetaria/financiera y dar un cheque en blanco a la vigilancia y la censura al estilo red de arrastre», dijo.
El proyecto de ley llega tras un informe de esta semana de la firma de datos de blockchain Chainalysis que demuestra que los delincuentes blanquearon al menos 8.600 millones de dólares en cripto en 2021 a partir de los mercados de la darknet y los ataques de ransomware, un aumento del 30% respecto al año anterior gracias al auge del uso y los precios de las criptomonedas. La mayor parte pasó por exchanges centralizados.
Aunque el dólar estadounidense sigue siendo una herramienta mucho más común para el lavado de dinero que el Bitcoin y otras criptodivisas, los responsables políticos siguen señalando el uso potencial de BTC en el crimen. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comentó durante su audiencia de confirmación el año pasado que el papel de los activos digitales en la financiación ilícita era «especialmente preocupante» y que quería examinar formas de garantizar que «el blanqueo de dinero no se produzca a través de esos canales.»
Si bien la respuesta de Yellen fue comedida, las opiniones de otros políticos han sido más persistentemente negativas, en lo que respecta no sólo a la delincuencia sino también al impacto medioambiental. A ojos de Coin Center, el proyecto de ley «es un intento (deliberado o no) de utilizar el pánico moral que rodea el uso delictivo de las criptomonedas (como demuestran las conclusiones de la disposición) para despojar a nuestras leyes de vigilancia de todo proceso público.»
La industria de las criptomonedas sigue en alerta máxima ante estos intentos. El año pasado, un proyecto de ley de infraestructuras de 1,2 billones de dólares incluyó una disposición que cambiaba la definición de «brokers» para incluir no sólo a los intercambios de criptodivisas, sino también -si se aplica ampliamente- a los mineros, los estafadores, los proveedores de carteras y los desarrolladores de software. Esto requiere técnicamente que estos grupos presenten formularios 1099 con datos personales de sus «clientes», una propuesta que Coin Center y otros han calificado de inviable debido a la descentralización.
Dice Coin Center: «Al igual que la redefinición innecesaria de «broker» en el proyecto de ley de infraestructura del verano pasado, las partes de este lenguaje dirigidas a las criptomonedas son totalmente innecesarias, mientras que la eliminación de procedimientos y la creación de una discreción administrativa ilimitada es profundamente consecuente.»